Institucionalidad de futura Agencia de Protección de Datos no cumple con estándar UE

El proyecto de ley que crea la Agencia de Protección de Datos Personales, que se encuentra en la Comisión de Constitución del Senado y que ha sido calificado por el propio Gobierno como prioritario, está siendo mirado con detención por expertos y ONGs.

Y es que si bien la iniciativa legal estaría cumpliendo con el estándar de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) no lo estaría haciendo con las exigencias de la Unión Europea (UE), bloque comercial importante para las empresas dedicadas al tratamiento de datos en el país.

 El problema se centra en el menor nivel de autonomía que tendría la Agencia de Protección de Datos al depender del Ministerio de Hacienda respecto de la exigencia de la UE.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, alertó que el estándar internacional apunta a un órgano realmente autónomo. “No me explico por qué se insiste en un sistema que es una dependencia del Ministerio de Hacienda, sin ningún grado de autonomía jerárquica. Se habla de autonomía técnica, pero en el momento en que la jefatura de la Agencia tenga que rendirle cuentas a un superior de la cartera, no es autónoma”, acota.

Sin embargo, Drago es optimista respecto a eventuales ajustes sobre el proyecto de ley. “Creo que esto tiene que revisarse en el tiempo que viene con un nuevo Parlamento y un nuevo Ejecutivo. Creo que se dará el espacio para revisar la materia”, enfatiza.

Para Drago, el Consejo para la Transparencia debe hacerse cargo de la tutela de la protección de datos personales como ocurre en otros países, como Inglaterra, México, Uruguay y Argentina.

Sin embargo, tanto la presidenta de la Fundación Datos Protegidos, Romina Garrido, como el presidente del Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías, Raúl Arrieta, consideran que el Consejo para la Transparencia no debería quedarse con la autoridad de la protección de datos Personales en Chile, salvo que tenga una completa reestructuración y que, entre otros aspectos, se modifique la forma en que se nombran a sus consejeros, los que actualmente son designados tras una negociación entre el Ejecutivo y el Senado.

 “En México es un órgano constitucionalmente autónomo que tiene estos dos roles de protección de datos y de acceso a la información pública, pero en Chile el Consejo para la Transparencia no es un organismo totalmente independiente, pues depende del Gobierno a través de la Secretaria General de la Presidencia y no todos los organismos están bajo su supervigilancia”, apunta Garrido.

Aunque Arrieta y Garrido sí concuerdan con Drago en que se debe avanzar en el nivel de autonomía de la Agencia de Protección de Datos desafiliándola de Teatinos 120. “Creo que en el articulado que está propuesto se debe excluir lo que tiene que ver con la supervigilancia del Ministerio de Hacienda”, afirma Arrieta.

 Ambos destacan que la Agencia si logra un mayor grado de autonomía podrán sancionar la infracción relacionada con la protección de datos tanto de los privados como de los organismos públicos, lo cual no ocurre en el proyecto de ley, pues no tiene facultad de castigar a los órganos que manejan datos del aparato estatal.

Finalmente, todos concuerdan en que si no se aumenta el grado de autonomía de la futura Agencia de Protección de Datos, Chile se verá obligado a negociar de forma individual con cada país de la UE lo que hará el desempeño de las empresas nacionales del sector más burocrático y menos competitivo.

UDI materializa solicitud de información de asesorías de Drago

El diputado UDI, Juan Antonio Coloma envió un oficio a la Comisión Nacional de Energía (CNE) solicitando una copia de todos los contratos suscritos por la entidad con el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago y la empresa Estrategia SpA entre el 11 de marzo de 2014 hasta la fecha.

Esto, luego que se diera a conocer que la CNE adjudicó una asesoría por $63 millones a la empresa Estrategia Pública Consultores SpA perteneciente a Drago.

Asimismo, el parlamentario pidió una copia de todos los informes, reportes, análisis, estudios, consultorías, minutas y correos electrónicos del trabajo realizado por Drago y Estrategia Pública SpA en mismo período. “Creemos que es a lo menos impresentable que un integrante del Consejo para la Transparencia- que ahora es el presidente – celebre contratos millonarios con el Estado cuando justamente está inserto en un organismo que vela porque ese tipo de situaciones no ocurra”, sentenció Coloma.

Con información de Pulso. 

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